G. Búster  

La crisis económica en España y la respuesta del Gobierno Zapatero

Rebelión

El otoño del 2008 y el invierno del 2009 han supuesto una dura confrontación del Gobierno Zapatero con la realidad. La crisis económica y sus cada vez más graves efectos sociales absorben el 90% de sus energías sin que sea capaz de establecer una estrategia clara de políticas anticíclicas, sumido en la contradicción de que talante y el consenso no son capaces de superar un choque de intereses sociales en los que inevitablemente habrá ganadores y perdedores, alterando profundamente la correlación de fuerzas.

El absurdo empeño mediático del Gobierno Zapatero de no llamar a la crisis por su nombre durante cinco meses no ha evitado una continua corrección de sus previsiones de crecimiento del PIB: 3,3% en noviembre del 2007 para el Presupuesto del 2008; 3,1% en diciembre, tras su aprobación; 2,3% en abril, tras las elecciones en marzo; 1,6% en julio. Ya se anuncia que 2008 acabará con un -0,1% y las previsiones para el 2009 son de -1,6%.

Todas las cifras apuntan un rápido deterioro. El paro ha subido en el verano del 2008 casi tres puntos hasta el 11%, igualando la peor tasa bajo el PP. En enero del 2009 alcanzó el 14,5% y se espera que llegue al 18% a finales del 2009. La producción industrial ha caído un 9,5%, hasta niveles de 1993. Los EREs afectan a 180.000 trabajadores industriales. La venta de coches se ha hundido un 30% anual, la construcción un 16%. El déficit comercial ha aumentado este año un 21,1% hasta situarse en el 6,1% del PIB. El endeudamiento familiar ha pasado en diez años del 47% al 135%. Las familias tienen que dedicar el 46,2% de su renta disponible a pagar las hipotecas, aumentando en solo tres años el 10,2%. La inflación siguió creciendo un punto por encima de la media europea, hasta el 4,5%, hasta febrero del 2009, para bajar rápidamente con el desplome de los precios del petróleo hasta el 0,8%. La demanda interna ha caído en un -2,4%, con un déficit público que ha terminado 2008 en -3,4% y se prevé que llegue al -5,8% en 2009.

No es de extrañar que tanto The Economist como el New York Times consideren que el modelo de desarrollo neoliberal heredado del PP, ladrillo y endeudamiento familiar como motores, se haya agotado. Pero también que sea imposible sustituirlo en dieciocho meses por otro, que priorice la exportación industrial y la innovación (NYT 14-08-08).

Pero por el momento, a pesar del desplome de la actividad económica, las encuestas muestran una erosión general del sistema político y el descontento, pero no un cambio en la correlación de fuerzas. El PSOE se sigue situando en el 41,3%, el PP sigue estancado en el 38,9%, sin cambios en el resto de los partidos, a excepción de una ligera recuperación de IU, que vuelve a alcanzar el 4,5% (Publiscopia 2-1-09).

Lo más significativo, sin embargo es la falta de una orientación estratégica ante la profundidad de la doble crisis, internacional y del modelo de crecimiento de los últimos 15 años. Esta falta de estrategia es sustituida por un acumulo de medidas tácticas de intervención del sector público sin querer al mismo tiempo influir decisivamente en los principales actores económicos, en especial el sector financiero y las grandes empresas. Este “tacticismo de buenos deseos” se traduce en la promesa de mantener las políticas sociales y al mismo tiempo los beneficios empresariales.

Esta crisis de orientación –que es el reflejo de 15 años de un ciclo alcista económico en la vida política del país, sin otro debate que el autonómico- afecta por igual a todos los partidos políticos, incapaces de elaborar propuestas concretas y una hoja de ruta ante la crisis. Los únicos que parecen tenerlo claro son los Presidentes del BBVA, González, y del Santander, Botín, como demostraron en sus discursos de fin de año, anunciando beneficios de 5.020 y 8.876 millones de euros respectivamente. En conjunto, las empresas del IBEX 35 vieron aumentar sus beneficios en 2008 en un 17,15%. En el sector industrial, el termino de moda es la “economía forense”, que recoge al nuevo sector de especialistas en ERE, cierres de empresas y aplicación de la Ley Concursal para las quiebras. En términos generales, en el primer trimestre del 2008 el número de empresas creadas (33.767) ha caído un 26%, mientras que el de empresas cerradas (8.530) ha aumentado un 42,4%.

Mantener los beneficios para salir de la crisis

¿En que se apoyaba el Gobierno Zapatero para insistir que nos encontramos en una “fuerte desaceleración económica”, pero no en una crisis o en una recesión durante el otoño de 2008? Evidentemente, en el argumento técnico de que aun no ha habido un crecimiento negativo de la economía española durante dos trimestres seguidos. Pero también en la lectura que hace de los datos de la crisis, como todas no lineal, y en especial de los beneficios de las empresas.

Según el informe de julio del Banco de España, los beneficios del sector no financiero aumentaron en el primer trimestre del 2008 un 9,2%. Esta cifra solo adquiere todo su significado cuando se tiene en cuenta que las empresas españolas, gracias a la globalización, obtuvieron los mayores beneficios de su historia en 2007, hasta el punto que las cinco mayores empresas del IBEX 35 ganaron unos 30.000 millones de euros, equivalente al 2,82% del PIB, más que el superávit presupuestario en su momento álgido (2,23%). Junto a la inversión en bienes de equipo, a pesar de su relativa caída, los beneficios sostuvieron esa tasa de crecimiento del 1,6%, ligeramente superior a la media de la zona euro, hasta el verano del 2008. Cifras que explican, a pesar de la caída del consumo, el aumento del déficit comercial. Es esta lectura la que justifica la orientación ideológica socio-liberal con la que el gobierno ha articulado su programa de medidas anticíclicas como el único posible. No otra es la opinión del Presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, para el que “el momento de desaceleración económica durará hasta finales del 2009, pero no mucho más (…) El país esta mucho mejor preparado que hace años cuando hubo otras crisis” (EP 6-05-08).

A pesar de las declaraciones sobre la solidez del sistema bancario español, uno de los problemas más urgentes de la economía española, como ha subrayado en varias ocasiones Pedro Solbes, es el de la financiación de las empresas y sobre todo del sector bancario. Los bancos y cajas de ahorro necesitan para cubrir los créditos concedidos al sector de la construcción, el inmobiliario y las hipotecas unos 63.000 millones de euros (5,8% del PIB). Una cifra que en el 2009 podría llegar a los 90.000 millones. El mercado de cedulas hipotecarias ha permitido en el primer trimestre del 2008 obtener una financiación de 26.000 millones. Pero el grueso de la financiación lo ha sido a través del Banco Central Europeo, hasta alcanzar en julio la cifra extraordinaria de 49.300 millones, un aumento del 169%. Pero después de que la crisis se generalizará en agosto del 2009, las subastas del BCE no bastaron para satisfacer las necesidades de liquidez de la banca española a precios competitivos, por el acumulo de activos financieros de “mala calidad”. Y fue entonces cuando la banca tuvo que recurrir al Gobierno Zapatero para asegurarse un sistema de subasta de créditos a precios más favorables.

El margen de estos mecanismos de financiación del sistema financiero viene dado por la morosidad, que se ha doblado en solo dos años, pasando del 0,7% al 1,7% en el verano del 2008, para desbocarse en los últimos meses del año, un 197%, y se sitúa en el 2,7% en los Bancos y el 3,6% en las Cajas de Ahorro (mas de 50.000 millones de euros), previendo que la media supere el 5% a mediados del 2009. Ya ha superado la media de la zona euro (2,5%), y conviene recordar que en 1994 la tasa de morosidad llegó en España al 9%. Los analistas del Deutsche Bank consideran posible que se alcance de nuevo esa cifra en el 2011, lo que, con una tasa de créditos no recuperables del 30%, supondría unas perdidas de 51.000 millones de euros. En la actualidad, las previsiones del sistema bancario español son de 38.000 millones.

La negativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de reflotar a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, ha puesto en primer plano la capacidad o no de intervención directa del estado para salvar a las empresas de la construcción más expuestas. La presión seguirá aumentando para que haya un cambio de reglamento del ICO y este pueda comprar deuda del sistema bancario y no solo ofrecer líneas de liquidez o inversión a las empresas.

58 medidas para salir de la crisis

No existe con este cuadro ninguna duda del carácter estructural de la crisis, del agotamiento del modelo económico explotado hasta sus límites en estos trece años. A Zapatero le puede costar reconocerlo en los debates parlamentarios, pero el Presidente del Banco de España, es taxativo en cuanto al tratamiento: “uso de medidas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia y la flexibilidad de la economía, así como moderar costes y rentas excedentes” (EP 6-05-08).

Pero el Gobierno Zapatero todavía no tiene un consenso estratégico sobre que hacer. De todos es conocido que Solbes se resistió como gato panza arriba a la utilización del superávit fiscal para medidas electorales, como la devolución de los 400 euros del IRPF, diseñadas por el ministro de industria, Miguel Sebastián. Y que Miguel Ángel Fernández Ordóñez -que consideró dicha medida “inútil”- se ha convertido en el sacerdote supremo de la contención del gasto público en el 40% del PIB (por debajo de la media europea del 48%). Solbes ejerció de cancerbero de un equilibrio presupuestario más rígido que el exigido por la UE, a pesar de que el déficit público alcanzó el 0,19% del PIB a finales de agosto y se había evaporado el superavit de 7.500 millones de euros del 2007. Es difícil, sobre la base de estas “ortodoxias”, reclamar después al BCE una política de tipos de interés más expansiva. Pero su actitud fue simplemente desbordada por la realidad, que se llevó por delante cualquier previsión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a finales del 2008, con un déficit público del -3,4% y previsiones para el 2009 de llegar al -5,8% del PIB, como se ha señalado.

Las 58 medidas han sido el resultado acumulativo de cinco paquetes, anunciados por el Gobierno Zapatero en abril, junio, agosto y octubre del 2008 y febrero del 2009. Algunas de las medidas son claramente modernizadoras y simplifican el sistema administrativo y de financiación. Otras, como la eliminación del impuesto de patrimonio o la devolución de los 400 euros del IRPF, reducen la capacidad recaudatoria cuando más falta hace y favorecen a las clases medias y medias altas. Se contiene el gasto público mediante la reducción de la oferta de empleo público (un 30% menos) y, finalmente, se da una vuelta de tuerca neoliberal con al proyecto de privatización parcial de los aeropuertos y la transposición de la directiva comunitaria para la liberalización del sector servicios.

El 8 de octubre, el Gobierno anunció su cuarto paquete de medidas anticiclicas desde el inició de la crisis en el verano. El eje es la creación de un fondo de liquidez de 100.000 millones de euros para subastas de crédito a los bancos españoles, acompañado de una línea de financiación de 30.000 millones a través del ICO para empresas y de un fondo de 11.000 millones para proyectos municipales.

Cuatro meses después, el balance del cuarto paquete no puede ser más magro. Los bancos han acudido a las subastas, con cuatro operaciones avaladas por valor de 19.000 millones de euros. Pero no han trasladado la liquidez a las empresas y las familias y el crecimiento de los créditos ha caído del 20% al 9% y el Santander augura que en 2009 se situará en niveles inferiores. Los créditos del ICO tampoco han llegado a las empresas -185 millones de los 25.000 disponibles, como ha recordado Rajoy- porque la banca comercial no los gestiona alegando escasos márgenes de beneficio en su comercialización. Por último, menos de la mitad de los 11.000 millones han sido solicitados para proyectos por escasa capacidad de gestión municipal.

La bolsa, mientras tanto, picaba fondo histórico el 10 y el 22 de octubre, perdiendo en los dos días el 9,14% y el 8,16% de su valor por el efecto de la crisis en América Latina y el anuncio de la nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina y su efecto directo en el mercado de valores español.

Este fracaso ha provocado un tenso debate sobre la responsabilidad de la Banca y la pregunta ¿dónde está el crédito? Miguel Sebastián afirmó que al Gobierno se le estaba acabando la paciencia con los bancos y que actuaría en consecuencia, sin aclarar a que se refería. Solbes y Pepe Blanco le desautorizaron asegurando que su paciencia era “interminable”. Y Botín, desafiante, aseguró que los Bancos sabían más que el Gobierno sobre como proteger sus intereses ante la crisis y que era una irresponsabilidad prestar dinero sin tener garantías de recuperarlo con beneficios. La puntilla la puso el presidente de la Asociación Española de Bancos, Miguel Martin, cuando aseguró que en España, a diferencia del resto del mundo, era la economía real la que contaminaba al sistema financiero. En el colmo del cinismo, esta exhibición de prepotencia del sistema financiero español tenia lugar al mismo tiempo que el Santander no tenía más remedio que reconocer que había situado unos 1.300 millones de euros de sus clientes en la pirámide Madoff y que solo podrían recuperar el 40% de su inversión inicial.

La principal reivindicación de la CEOE en el diálogo social –apoyada por el Presidente del Banco de España, Fernández Ordóñez, y por el Comisario Almunia- es el abaratamiento del despido, con una reducción de las indemnizaciones de 45 a 20 días por año trabajado. La propuesta ha merecido el rechazo frontal del nuevo secretario general de CC OO, Toxo: “el origen de la crisis no es laboral”; mientras el de UGT, Cándido Méndez hacia una de las críticas más directas y duras contra los bancos, exigiendo que devolvieran “lo que les había dado el pueblo”.

¿Quién se acuerda ya de los Presupuestos del 2009? Fueron aprobados el 18 de diciembre con los votos del PSOE, PNV y BNG con unas cifras que el propio Solbes reconoció totalmente irreales, superadas ya las propias barreras de la Ley de Estabilidad presupuestaria en más de un 2,5% del PIB, para situarse por encima del 3,4%. Un documento en buena parte inútil, si no fuera por sus promesas de mantener las políticas sociales: el SMI, que ha subido un 4% hasta los 624 euros; las pensiones mínimas en un 6% y la Ley de Dependencia, lo que en total supone un incremento del gasto social de un 9,5%, hasta el 52,8% del total. Con la única perspectiva de mantener la financiación a través de la deuda pública (ya en el 47% del PIB, y a la Solbes ha puesto un techo máximo del 55%) por la caída de la recaudación fiscal, la aplicación del presupuesto del 2009 amenaza con ser una historia de recortes y frustraciones. Como ha señalado Gaspar Llamazares, diputado de IU, “la ceguera del Gobierno no es inocente”.

El debate en el Congreso y las perspectivas de resistencia

El 10 de febrero tuvo lugar el último debate sobre la crisis en el Congreso de los Diputados. Como recordó Zapatero, venia precedido de otros 6 debates anteriores, sin que por ello haya calado todavía en la opinión pública.

Zapatero reconoció abiertamente por primera vez la gravedad de la crisis: “la peor recesión de carácter global de la historia reciente”. Y puso sobre la mesa las cifras catastróficas de paro, que se convirtieron en el eje conductor de su discurso y de su compromiso.

Recordó sin embargo algunos aspectos positivos, como el crecimiento destacable de las inversiones extranjeras en un 17% en 2008, para subrayar la confianza exterior en la economía española a pesar del recorte de ratings en relación con la deuda pública de algunas agencias. Pero sobre todo, volvió a describir los cuatro paquetes de medidas adoptados por su Gobierno en el “Plan español para el estimulo de la economía y el empleo”, que representa el mayor esfuerzo de intervención pública de la historia económica de la democracia.

La intervención de Zapatero terminó con la adopción solemne de cinco compromisos para orientar su política anti-crisis: mantener la cohesión social; máxima austeridad de gastos corrientes para un máximo esfuerzo en la inversión pública; reformas estructurales para un cambio del modelo productivo; intervención en los foros internacionales para una reforma de las instituciones financieras, manteniendo la lucha contra el cambio climático y los Objetivos del Milenio; y el compromiso de un dialogo social que excluye reformas unilaterales de las relaciones laborales por parte del Gobierno.

¿Hasta donde son creíbles las promesas de Zapatero de “no dejar en suspenso ninguno de los compromisos sociales contraídos en el programa (…) aplicando una política socialdemócrata a las dificultades”? (EP 2-07-08) Unas promesas reiteradas continuamente hasta el mismo debate en el Congreso del pasado 10 de febrero y en las que se sustenta de manera creciente la legitimidad de su Gobierno.

No es posible olvidar -cuando la lógica del Plan Zapatero no esta destinada tanto a aumentar el consumo de los asalariados como a sostener la liquidez y los márgenes de beneficio de las empresas-, que el gasto social ha caído en España entre 1994 y el 2005, del 28,7% al 25,2% (cuando la media de la zona euro esta ya en el 33,1%), que el salario medio ha disminuido en un 2,4%, que la deuda familiar se ha triplicado y que el 8% de la población vive en la pobreza. Cuando lo que esta en cuestión es todo un modelo de desarrollo para la próxima década, un programa de izquierdas tiene que venir dictado por la necesidad de aumentar la productividad con un incremento de las rentas asalariadas y del gasto social, ampliando el mercado interno mediante una mayor capacidad de consumo. Pero el desarrollo de ese programa no podrá hacerse como una confrontación directa contra el Plan Zapatero sino como una progresiva superación por la izquierda a partir de una alternativa más coherente –que esta aun por elaborar- y por la movilización de la izquierda social.

No hay ningún programa que se sostenga sin la presión social. Y esta depende en buena parte de la actitud de los sindicatos –que son los instrumentos más importantes de la izquierda en esta situación-, tanto en el llamado “diálogo social” como a nivel de empresa. La actividad sindical es débil y está fuertemente contenida, en un año de congresos de UGT y CC OO. La movilización unitaria en defensa del sector público –en especial educación y sanidad- contra la política privatizadora del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, ha sido un primer paso. Y empiezan a tomar cuerpo las iniciativas de movilización conjunta de UGT y CCOO contra los ERE y las deslocalizaciones a nivel territorial, con jornadas de lucha y manifestación en Barcelona, Zaragoza, Valencia y Alcalá de Henares. Es esencial alimentar y extender esta movilización unitaria desde la izquierda, porque a comienzos del mes de junio la derecha social demostró que era también capaz de encabezar la conflictividad social en el sector del transporte por carretera y la flota de pesca de bajura, reivindicando subvenciones estatales para el precio del gasóleo que utilizan.

En definitiva, la actual situación de erosión de legitimidad, pero de mantenimiento de la correlación de fuerzas solo podrá resolverse positivamente si entran en escena nuevos actores, especialmente las grandes organizaciones sindicales. Si CC OO y UGT no establecen unas claras líneas rojas de defensa de los trabajadores asalariados y del gasto social, la tendencia de la falta de una estrategia coherente de gestión gubernamental de la crisis ira provocando un aumento de la desmovilización de la izquierda y la abstención. Para empezar, más importante que un plan acabado para salir de la crisis es la voluntad de que no la paguen los trabajadores. Defender sus intereses con la misma firmeza y decisión que demuestran Botín, Gonzalez o Alierta.

En este sentido, lo esencial es acumular éxitos en la movilización unitaria, aunque sean pequeños, que demuestren que la lucha paga. Continuar y alimentar esta línea es esencial, acompañándola de una campaña de explicación popular sobre la naturaleza y las causas de esta crisis económica capitalista. Lo más importante en esta etapa es reforzar la unidad de respuesta y resistencia a nivel local y regional de los trabajadores, implicando a ayuntamiento y autoridades autonómicas de izquierdas junto a los sindicatos. Solo con un avance en este terreno será posible condicionar posteriormente la política macroeconómica, financiera e industrial hacia la izquierda. Sobran consignas propagandistas y falta, sobre todo, trabajo de base sindical en las empresas y en los territorios que creen las condiciones de la movilización unitaria de los trabajadores.